Contrasta con lo que el gobierno de Felipe Calderón destinó, en 2008, a la publicidad de su fallida reforma energética: 258 millones de pesos para difundir la iniciativa, casi un 25 por ciento de todo lo que se gastó en un año para difundir la reforma de Peña Nieto

México, DF. Durante el año exacto que duró todo el proceso legislativo para aprobar la reforma constitucional en materia energética -desde que el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa el 12 de agosto de 2013, hasta que se aprobaron las Leyes secundarias, el 11 de agosto de 2014-, el Gobierno Federal gastó poco más de mil 181 millones de pesos en propaganda.

La estrategia de comunicación que fue desplegada en TV, radio, medios impresos e internet, utilizó fondos públicos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con respuestas de información pública entregadas a través de la Ley federal de transparencia, y en las cuales se detallan los montos y medios que fueron beneficiados. Los montos gastados en esta campaña, hasta ahora, no se conocían.

Aquel 12 de agosto, durante la presentación de la iniciativa que envió al Senado, Peña Nieto señaló desde Los Pinos: “Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos continuarán como patrimonio exclusivo de la Nación. Los mexicanos seguiremos siendo los dueños de la renta petrolera…” Horas después siguió un mensaje del Presidente en cadena nacional.

Y al día siguiente, el Gobierno Federal echó a andar una maquinaria de comunicación que incluyó spots televisivos y radiofónicos en rotación incesante, desplegados a páginas completas en diarios y revistas, y banners en páginas de internet con un objetivo claro: difundir los beneficios de su reforma, como reducir los costos de la gasolina y los recibos de gas y luz, y más empleos. El mensaje se repitió sin cesar durante un año. Aquel 13 de agosto, el Gobierno Federal pagó 2.7 millones de pesos por inserciones en 80 diarios del país.

A lo largo de los meses, el gobierno de Peña Nieto echó mano de la imagen del presidente Lázaro Cárdenas, el responsable de la expropiación petrolera de 1938, para defender su reforma bajo la idea de que no era privatización, o de niños disfrutando del futuro pletórico que supuestamente traerá la apertura energética. En cada spot, una promesa.

La campaña, no obstante, distó mucho de ser información al servicio de la población y del ejercicio de sus derechos. Justine Dupuy, investigadora del centro de análisis Fundar y responsable de elaborar un informe anual sobre el gasto en publicidad oficial a nivel federal y estatal, es contundente:

“Con el caso de la reforma energética, vimos como el Gobierno Federal usó recursos públicos para su propio beneficio, es decir, para promover una idea, su idea, entre la población. Y eso dista mucho del concepto de publicidad oficial, que se supone debe servir a la ciudadanía para su toma de decisiones”.

A pesar del gasto multimillonario en la campaña de difusión, éste no fue decisivo para que la reforma de Peña Nieto fuera aprobada, pues desde el inicio su partido, el PRI, junto con el PAN, el PVEM y Nueva Alianza, reunía los votos necesarios: en el Senado obtuvo 95 votos a favor y 28 en contra, mientras que en San Lázaro juntó 354 en pro y hubo 131 en rechazo. Algo idéntico sucedió en los estados: en menos de cuatro días, 17 congresos estatales habían aprobado los cambios a la Constitución.

El mediodía del viernes 20 de diciembre, apenas dieciocho semanas después de que presentó su iniciativa, Enrique Peña Nieto promulgó la reforma en Palacio Nacional.(http://www.vanguardia.com.mx/)