Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) acató la orden de un Juez de Tamaulipas para iniciar de inmediato una investigación por la masacre de Camargo, donde fueron hallados 19 cuerpos calcinados de migrantes, principalmente de Guatemala.

El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal en el estado de Tamaulipas ordenó a la FGR investigar si pueden considerarse como delitos federales los hechos de Camargo, por lo cual abrió la carpeta correspondiente, y comenzó todas las diligencias del caso, solicitándole al Ministerio Público del fuero local, un reporte de la situación.

Hasta ahora la Fiscalía estatal es la encargada de la indagatoria, y hay 12 policías estatales en prisión acusados de homicidio. El 15 de marzo, el gobierno mexicano entregó a Guatemala los cuerpos de 16 de sus ciudadanos.

La Embajada de Estados Unidos informó que la oficina de Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado capacitó en materia de Derechos Humanos a tres agentes policíacos de Tamaulipas que fueron detenidos como parte de las investigaciones por el asesinato de 12 personas en el municipio de Camargo. Sin embargo, precisó que la capacitación a dichos agentes se dio antes de que ingresaran al Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas (Gopes).

El pasado 8 de febrero, el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), separó de su cargo a ocho funcionarios en el estado de Nuevo León, por haber retenido una camioneta que fue utilizada en el homicidio de 19 personas en Camargo, Tamaulipas.

Previamente, el 26 de enero, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-Derechos Humanos México, dijo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la plena identificación de los restos de las 19 personas calcinadas en Camargo, Tamaulipas, un hecho que se parece a la masacre de migrantes en San Fernando del 2010.

“Estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”, sentenció.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se comprometió -el pasado 23 de febrero- ante el embajador de Guatemala en México, Mario Bucaro Flores, que el gobierno mexicano hará justicia en este caso y se indemnizará a los familiares de las víctimas. (www.eleconomista.com.mx)