México.- La cuenta regresiva para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pruebe que el expresidente Enrique Peña Nieto y miembros de su gabinete conformaron una red de corrupción en la que él fue utilizado y con la que se perpetraron varios delitos, ha comenzado.

En un plazo de seis meses, como máximo, deberá denunciar, declarar y entregar evidencia suficiente que le permita a la Fiscalía General de la República (FGR) construir acusaciones en contra los integrantes de esta presunta red de corrupción tejida – según los abogados de Lozoya – en los “mas altos niveles de gobierno” en el sexenio pasado.

De no conseguirlo, será Lozoya quien sea acusado y llevado a juicio por los presuntos sobornos de más de diez millones de dólares que recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México antes y durante su paso como director de Petróleos Mexicanos.

Lo anterior luego de que un juez federal determinó que había evidencia inicial suficiente para vincularlo a proceso por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en los referidos casos, y ordenó un plazo de medio año para que concluyan las investigaciones antes de llegar al juicio.

En dicho periodo, los fiscales de FGR deben reunir la evidencia que permita cerrar la acusación en contra del exdirector de Pemex y buscar una condena. El mismo lapso podría ser aprovechado por el exfuncionario de Peña Nieto para reunir elementos en su defensa y probar ante el juez su inocencia.

Pero el plan de Lozoya es otro. Su objetivo es obtener el perdón de la Fiscalía antes de llegar al juicio. La vía para ello es la obtención de lo que la ley denomina criterio de oportunidad, que consiste en denunciar y aportar información de la comisión de un delito más grave que el que se le imputa.

A continuación, se detalla el escenario que ahora tiene por delante el exdirector de Pemex y los objetivos que deberá cumplir a contrarreloj si quiere evitar ser enjuiciado y muy probablemente sentenciado.

¿Qué debe probar Lozoya?

Para salvarse de ser procesado, o al menos tratar de obtener una pena reducida, Lozoya deberá probar lo que ya expuso en las audiencias iniciales: que, literalmente, fue utilizado presionado, acosado y usado por un “aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado Mexicano, que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido”.

Ese aparato de poder sería el responsable de ejecutar a través de Lozoya, y posiblemente de otras personas, los hechos delictivos ocurridos el sexenio pasado y de los cuales se desprenden casos como los sobornos de Odebrecht, las inversiones irregulares de Pemex con Altos Hornos, y otros hechos entre los que podrían estar los supuestos pagos a legisladores para aprobar reformas.

Como Animal Político evidenció ayer en esta nota, la tesis de que existen aparatos de poder liderados por personas que cometen delitos pero los ejecutan a través de otros, es una doctrina diseñada por Claus Roxin, uno de los penalistas mas influyentes del mundo, y que ya ha sido exitosa para procesar a otros jefes de Estado como Alberto Fujimori.

En el caso específico de Lozoya, por la temporalidad de los hechos que se le imputan y porque afirma haber sido “utilizado”, dicha estructura no puede ser otra que el gobierno de Enrique Peña Nieto, y sus superiores se acotan a propio presidente y los secretarios de Estado.

Lo que sigue ahora es denunciar a esa red, rendir declaración y presentar las pruebas.

Denunciar a los implicados y lo que hicieron
La defensa de Lozoya liderada por el abogado Miguel Ontiveros, quien a su vez es alumno de Claus Roxin, ya adelantó ante el juez federal en las audiencias iniciales que, en su momento, denunciará formalmente ante el Ministerio Público federal a los integrantes de esta red y los delitos que hayan cometido.

Se trata de una denuncia que debe centrarse en dos partes. Por un lado, en la identificación de los exfuncionarios responsables. Lozoya prometió que detallará tanto los nombres como los cargos que ocupaban los implicados.

Y por otro lado deberá denunciar los hechos, es decir, las acciones delictivas que cometieron. Dentro de esos hechos deben estar las tramas de corrupción con las que ha sido relacionado Lozoya, es decir los casos Odebrecht y Agronitrogenados, pero también puede haber otros delitos como los supuestos pagos de sobornos a legisladores.

Estas denuncias permitirían a la FGR iniciar las carpetas de investigación correspondientes en contra de los probables responsables de los hechos que el exdirector de Pemex señale ante el Ministerio Público.

Declarar en su contra

Lozoya no solo debe ser denunciante sino también testigo en contra de la supuesta red de corrupción en el gobierno de Peña Nieto. Lo anterior significa que deberá declarar cuantas veces sea necesario ante el Ministerio Público para ayudarle a la FGR a construir el caso.

Y si las carpetas de investigación en contra de altos mandos del gobierno llegan a judicializarse, el exdirector de Pemex también deberá comparecer como testigo en contra de los potenciales imputados en las audiencias que se lleven a cabo.

Probar su modus operandi

Este es el objetivo clave que los abogados de Lozoya y el exfuncionario deben cumplir durante los seis meses que tienen por delante.

Consiste en detallar de la forma más clara y precisa posible cómo es que se realizaron los delitos que se denuncian, pero además aportar lo que la ley denomina “información útil”, y que en los hechos se traduce en evidencia, o en indicios o pistas que le permitan a los fiscales obtener dichas pruebas.

Todo ello es necesario dado que la FGR no puede proceder en contra de una persona basándose solo en declaraciones. Necesita datos de prueba que las sustenten como documentos, videos, audios, operaciones financieras, propiedades y todo aquello que sirva para evidenciar que existe un aparato de poder y que este sacó ventaja de delitos que se hayan cometido.

Aquí es donde se podrían entregar a la FGR, entre otras cosas, las 16 horas de grabaciones con las que presuntamente cuenta Lozoya Austin y que, entre otras cosas, confirmaría el pago de sobornos o el modus operandi en como se ejecutaron. Ello según autoridades con conocimiento del caso.

El punto más complejo – según lo consultado con especialistas – es que Lozoya sostiene que fue utilizado como “un instrumento” para cometer delitos, pero que lo hizo “sin dolo”, es decir, sin intención. Es algo que también tendrá que corroborarse.

¿Qué pasa si lo logra y qué pasa si no?

Aunque el exdirector de Pemex confirmó ante el juez que busca el criterio de oportunidad que la Fiscalía le puede otorgar para evidenciar un entramado delictivo más grave que el suyo, su calidad jurídica desde hoy es la de procesado por diversos delitos en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Solo si cumple con denunciar y entregar evidencia suficiente de delitos más graves, condiciones estipuladas en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces la FGR podría avalar otorgarle el criterio de oportunidad, volverlo un testigo colaborador y desistirse de acusarlo oficialmente de los delitos imputados.

En caso contrario, de no conseguir lo anterior transcurridos los seis meses, la FGR presentará en una audiencia denominada intermedia las pruebas definitivas en contra de Lozoya y formulará la acusación para llevarlo a juicio oral.

Entre esas opciones existe otro escenario que es el procedimiento abreviado o “juicio exprés”. Implica que Lozoya no reciba el criterio de oportunidad, pero sí el beneficio de una condena mínima a cambio de que se declare culpable. La FGR podría acceder a ello si considera que el exdirector de Pemex ha aportado algún tipo de información que faciliten otras indagatorias.

Mientras tanto ¿donde estará Lozoya?

En el periodo de seis meses en los que se desarrollará la fase de investigación complementaria Lozoya no estará encarcelado, sin embargo, sus movimientos serán limitados. De entrada se le retirará su pasaporte y visas para que no pueda abandonar legalmente el país.

Una vez que sea dado de alta del hospital privado en el que se encuentra se le trasladará a un sitio no especificado y se le colocará un brazalete para monitorear su movimiento en dicha ubicación. Además, contará con una vigilancia especial de la que no se dan detalles por motivos de seguridad.

Autoridades federales indicaron que estas medidas se toman no solo para garantizar que el exdirector de Pemex se fugue, sino también para resguardar su integridad dada su condición de posible testigo en un caso de corrupción de alto nivel. (AnimalPolitico.com)