Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mediante la ejecutoria 579/2016 magistrados federales impusieron una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización (7 mil 549 pesos) al magistrado del Tribunal Fiscal de Tamaulipas, Roberto Jaime Arreola Martínez por retrasar 10 meses el envío de una demanda presentada por un celador despedido, al que le otorgaron amparo para que se estudien sus argumentos.

El magistrado Jaime Arturo Garzón Orozco, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, determinó que el magistrado responsable no atendió a la litis en su integridad, puesto que si bien es cierto que frente al despido verbal argüido por el actor, la demandada negó su inexistencia, lo cierto es que esa negativa no fue lisa y llana, sino que la demandada abundó que el actor (celador) incurrió en faltas injustificadas, con posterioridad al cambio de adscripción que se le notificó.

El 4 de enero del 2016, un elemento custodia estatal acudió ante el Poder Judicial Federal en esta capital para presentar demanda en contra del Tribunal Fiscal del Estado, por la sentencia de 12 de noviembre de 2015 dictada en el juicio de nulidad 193/10/2014, considerándola violatoria de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, iniciándose el juicio de amparo 579/2016.

Alrededor de las 12:00 horas del 3 de octubre de 2014 el celador fue notificado de que acababa de ser dado de baja por el encargado de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, esto dentro del edificio 3 de las instalaciones del Complejo de SSP en el Estado, “manifestándome que para el suscrito ya no había trabajo y que le hiciera como quisiera”, ante lo cual presentó demanda ante el Tribunal Fiscal del Estado.

El 12 de noviembre del 2015, el Tribunal Fiscal dictó sentencia de sobreseimiento, señalando que el celador no demostró el acto impugnado, como lo manifestó la SSP de Tamaulipas, pues en autos no existía una resolución mediante la cual el actor demostrara que fue despedido de su fuente de trabajo y en consecuencia, precisó que eran de estudio innecesario los agravios que adujo el inconforme, ante lo cual el afectado recurrió al juicio de amparo.

El magistrado Jaime Arturo Garzón Orozco, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que no existe una resolución en sentido formal y material que determine el despido contra el celador, pues es un hecho no controvertido por las partes que se encuentra separado de su cargo y, por esa razón, es válido que pueda ejercer su derecho subjetivo de acción para reclamar lo que estime procedente, si estima que su cese fue injustificado.

Ante ello, propuso otorgar el amparo, lo cual fue aprobado por el pleno judicial para que el Tribunal Fiscal dicte otra sentencia en la que se abstenga de estimar improcedente el juicio por las razones ya desestimadas, y, en caso de tener por superados los demás requisitos de procedencia y admisibilidad del juicio que oficiosamente deba analizar, resuelva con libertad de jurisdicción el fondo del asunto.

Por otro lado, el pleno judicial consideró que se actualiza el supuesto contenido en la fracción IV, del artículo 260 de la Ley de Amparo, 21 pues no se tramitó ni se remitió la demanda de amparo con la oportunidad debida, por lo que se impuso al magistrado responsable (Roberto Jaime Arreola Martínez) una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual deberá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución correspondiente.

Lo anterior, porque la demanda de amparo fue presentada por el celador ante el magistrado responsable el 4 de enero de 2016, como se constata de la certificación que obra en la foja 15 del juicio de amparo. Por su parte, el libelo constitucional así como las demás constancias necesarias fueron remitidas al Tribunal el 9 de noviembre de 2016, lo que evidencia que transcurrió con exceso el plazo para enviarlas. (Gaceta.mx)