El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al artículo 1 de la Constitución del estado, “para reconocer el derecho a la vida desde la concepción”, con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, pese a las protestas de organizaciones y ciudadanos.

De acuerdo con la organización Fondo MARIA, que defiende derechos sexuales y reproductivos de mujeres en México, esta reforma no representa un obstáculo para el acceso al aborto legal a través de las causales legales existentes en Nuevo León: violación, peligro de muerte y riesgo a la salud de la mujer.

Sin embargo, “es una estrategia para que a través de ese artículo se pueda prevenir una ley que quizás sea como la de la Ciudad de México, y que si se llega a presentar una iniciativa para legalizar la interrupción del embarazo, se pudiera decir que es anticonstitucional”, dijo Oriana López, directora de la organización Fondo MARIA.

Oriana señaló que “no es que esta reforma cancele automáticamente las causales que establece el código penal, que siguen estando vigentes, junto con la NOM-046 para garantizar el acceso de las mujeres al aborto en caso de violación”.

Acerca de la aprobación de esta reforma, “congelada” en el Congreso de Nuevo León desde 2014, López Uribe dijo que “tiene que ver mucho con las alianzas políticas. Una vez más es vulnerar a las mujeres y ponerlas en riesgo a razón de favores políticos y agendas que van en detrimento de los derechos de las ciudadanas”.

“Las diputadas y los diputados saben que estas reformas vulneran aún más a las mujeres, con un impacto diferenciado en las más vulnerables y sin recursos económicos. Están violando el Estado laico, las recomendaciones que hizo el Comité CEDAW en 2018 y violando múltiples Derechos Humanos”, sentenció la organización en un comunicado.

Para Fondo MARIA, esta reforma “no busca proteger ni apoyar a las mujeres; su concepto de ‘proteger la vida’ se reduce a promover el miedo, la culpa, la desinformación y la soledad”.

La iniciativa aprobada fue presentada en mayo de 2014 por el exdiputado panista Francisco Luis Treviño Cabello, y establece que “el Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes”.

Rebeca Ramos, encargada del área de Políticas Públicas del Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE), explicó que la reforma aprobada “tiene como intención obstaculizar los derechos de las mujeres, pero en realidad para que se prohíba por completo el aborto se tendría que modificar el Código Penal del estado y eso no pasó”.

Lo que pasa, agregó, “sería lo mismo que ha pasado en otros 18 estados, donde se tiene una redacción parecida a esta y se considera como individuo desde el momento de la concepción, pero en realidad en términos legales el estado tiene la obligación de garantizar el acceso al aborto en las causales ya establecidas”.

Los otros estados en los que la vida se encuentra reconocida desde la fecundación son Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco y Morelos.

También en Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Para GIRE, “el movimiento de mujeres tiene muy claro que se genera confusión y puede llegar a obstaculizar el acceso al aborto legal”; sin embargo, afirmó que “las mujeres tienen derecho al aborto en el estado por tres causales, y seguiremos impulsando que se amplíe el acceso”.

Reforma sin respaldo social, acusa diputada

La diputada local Ivonne Bustos Paredes, del Partido Verde, votó en contra y dijo en entrevista que lo hizo para respetar la lucha por los derechos de las mujeres.

“Este tema no fue consensuado, no fue sometido a consulta pública, no se hicieron debates al respecto, para que se tomara la opinión de la gente. No viene respaldado por la sociedad”, acusó sobre lo aprobado. “Es un gran retroceso para nuestro estado”.

La reforma, apuntó, puede ser un primer paso para un esquema aun más regresivo, en cuanto a los derechos de las mujeres para decidir sobre su cuerpo.

Además, agregó, lo aprobado implica también la prohibición de la eutanasia, porque la reforma dice que se protegerá la vida desde la concepción, y hasta la muerte natural.

Protestas contra la reforma

Este miércoles, organizaciones sociales y colectivos a favor de la interrupción legal del embarazo, protestaron a las afueras del Congreso de Nuevo León, para exigir que no se aprobara la reforma al artículo 1 de la Constitución del estado.

Con pancartas en las que se leían mensajes como “Aborto legal ya”, “Derecho a decidir” y “Quiero abortar”, las manifestantes señalaron que la iniciativa criminaliza a las mujeres.

Las protestas estuvieron acompañadas por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, que este martes se pronunció en contra del dictamen aprobado, por considerar que “no es compatible con los parámetros de derechos humanos a los que se ha comprometido observar el Estado mexicano”.

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“La propuesta de reforma constitucional que busca proteger al ser humano desde el momento de la fecundación contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha confirmado que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión”, aseveró el organismo.

De acuerdo con la Comisión Estatal, aprobar la iniciativa “irrumpiría con la observancia que deben tener las legislaturas locales del marco constitucional federal, que reconoce como ley suprema a la constitución del país y a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte”.

“Además, la aprobación de este dictamen representaría limitar, entre otros, los derechos al libre desarrollo de la personalidad, el principio de autonomía de las personas y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a las que se les excluiría de tener la posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos susceptibles de tener efectos anti-implantatorios, poniéndolas en riesgo de ser sancionadas penalmente por su uso”, advirtió.

Esta mañana, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que “penalizar el aborto es criminalizar a la mujer”, y que, con un Código Penal Único se podría legalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en todo el país. (AnimalPolítico.com.mx)