Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaria de Seguridad Pública de Tamaulipas deberá reincorporar a su trabajo un agente de la Policía Estatal, ya que mediante la ejecutoria 183/2017 magistrados federales otorgaron el amparo debido a haber sido cesado por haber prestado sus servicios como comisionado a las órdenes del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, sin que se le diera la garantía de audiencia ni se sostuviera la legalidad del acto.

El magistrado Guillermo Cuautle Vargas; del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, determinó que si el titular de Seguridad Pública Estatal, en su informe justificado señaló que había ordenado la suspensión de los haberes, es inconcuso que emitió una orden fuera del procedimiento administrativo, pues no sostuvo la legalidad de dicha medida provisional mediante prueba alguna, por lo que, contrario a lo señalado por el juez a quo, sí existió el acto reclamado.

El 10 de mayo se recibió en el Poder Judicial Federal en esta capital el recurso de revisión promovido por un elemento de la Policía Preventiva Estatal en contra del Juzgado Decimosegundo de Distrito en Victoria, por la sentencia 733/2016 que sobresee (no otorga amparo, pero tampoco lo niega), en contra de la gubernatura del estado, considerando como ilegal la resolución.

El demandante, en un principio solicitó amparo en contra del gobernador Egidio Torre Cantú, por la orden de baja, separación de cargo, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio que pretendan emitir sus superiores al cargo que presto como Policía Tercero “A” Fuerza Tamaulipas dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así también la suspensión del sueldo, comisionado para prestar sus servicios con el ex gobernador del Estado, por orden de la Dirección de Operaciones de la Policía Estatal.

El 21 de abril del 2016 el Juzgado emitió la sentencia de sobreseimiento, con base en que inicialmente el Secretario de Seguridad Publica afirmó que ordenó que se prescindiera de los servicios del policía, no menos cierto era que con posterioridad negó la existencia del acto, manifestando la inexistencia de constancia alguna relativa a la terminación de los servicios, ante lo cual el afectado presentó recurso de revisión.

El magistrado Guillermo Cuautle Vargas, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que al haber quedado demostrada la existencia de una orden de naturaleza verbal consistente en la suspensión de los haberes de la parte quejosa, como elemento de las fuerzas estatales; y, por haberse aceptado por parte de una de las autoridades que sí existe ese mandato, resulta razonable concluir que dicho acto es factible atribuirlo a todas las autoridades que el agraviado indicó como responsables.

Justo, porque al tratarse de un acto cuya connotación es oral, resulta lógico que derive de todas ellas; ante ello, propuso revocar la sentencia y otorgar el amparo, lo cual fue aprobado por el pleno judicial, para que se reincorpore al policía al servicio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, con todos los beneficios y prestaciones inherentes al cargo que ostentaba con anterioridad a la emisión del acto reclamado.

La anterior concesión se hace extensiva a todas las autoridades que señaló el policía como responsables, a saber Secretario de Seguridad Pública, encargado del Despacho de la Subsecretaría de Operación Policial, encargado del Despacho de la Dirección de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable, entre otros. (Gaceta.mx)