Tamaulipas.-Por 31 votos a favor el pleno del Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó reformas a los códigos Civil y Penal, que van desde la prohibición del matrimonio a menores de 18 años y tipifican el feminicidio y sanciones a las empresas que omitan o falseen datos sobre los ingresos de quienes fueron demandados por pensión alimenticia.

En la sesión ordinaria semanal, presidida por la diputada del PANAL Erika Crespo Castillo y los diputados Laura Zárate Quezada del PAN y Carlos Vázquez Cerda del PRI, los diputados analizaron, debatieron algunos de los temas y finalmente aprobaron la iniciativa.

El dictamen refiere que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de los códigos Civil y Penal para el Estado de Tamaulipas.

En el caso de la prohibición del matrimonio para los menores de edad, el artículo 220 del Código Civil precisa que el matrimonio será nulo si uno o ambos de las personas contrayentes son menores de 18 años de edad.

Los puntos más destacados de la reforma al Código Penal se refieren a las modificaciones al artículo 296 relativo a quienes han sido demandados por abandono de obligaciones alimenticias y que tienen una sanción de 6 meses a 3 años de prisión, además de la entrega de cantidades omitidas.

El agregado, promovido por la diputada Aída Zulema Flores Peña, se refiere a que la misma pena se aplicará a quien estando obligado a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con la obligación alimentaria desobedezcan la orden judicial de hacerlo o informen con datos falsos.

Asimismo en el caso del feminicidio, para el que se da una penalidad de 50 años y de 500 a mil días de multa, se precisa en el artículo 337 bis que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.

Asimismo, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

O también que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y se le condenará a la pérdida de la patria potestad en el caso de que tenga hijos con la víctima.

Por otra parte, en el artículo 368 bis relativo a violencia familiar se impone una pena de 6 meses a 4 años de prisión y pérdida del derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado y estará obligado al pago de la reparación del daño de las víctimas.

Finalmente el artículo 421 bis relativo al delito de fraude familiar, cita que lo comete la persona que en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes.

Por lo que establece una pena de uno a cinco años de prisión y hasta trescientos días multa. (Laverdad.com.mx)